El actual Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, decidió reanudar castigos con muertes en casos federales a partir de diciembre de este año porque entienden que es una forma de dar “justicia a las víctimas de los crímenes más catastróficos”, que existen en la sociedad, ese a la creciente oposición por parte de la humanidad al realizar dicha hazaña.
La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por la comisión de un delito.
“El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y las autoridades competentes en este sector tienen la responsabilidad de cumplirles a las víctimas y sus familias con llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”.
El fiscal general estadounidense, William Barr, transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
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